Presentación

El abordaje de temas de inclusión de personas con discapacidad física en el contexto universitario pastoral implica dos perspectivas; una de ella es sobre qué es lo que se ha ido trabajando a nivel de la normativa nacional e internacional respecto de la inclusión en la educación superior chilena, y otra es qué tan preparada está la pastoral universitaria ante este desafío. Ambas dimensiones son complejas de analizar, pues poseen muchas aristas, además de involucrar los mundos juveniles contemporáneos; como afirma Castillo (2018), “es demasiado mundo juvenil para tan estrecha Iglesia y pastoral” (p. 159). En este contexto surge el camino que ha ido desarrollando la Iglesia a través de su reflexión sobre esta temática, como los Criterios pastorales para la catequesis con personasen situación de discapacidad (2017b) o el Documento presinodal de la juventud convocado por la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos (2018), donde la inclusión es una pieza clave de la reflexión.

En este presínodo, el Papa Francisco (2018) ha recalcado la importancia de escuchar, involucrar y hacer partícipes a los jóvenes en los procesos pastorales, además de abrir la Iglesia al mundo juvenil sin excepción para que todos pierdan el miedo a innovar en la comunión eclesial y puedan ser verdaderos testigos del amor de Cristo.

El objetivo de este artículo es trazar una mirada renovadora de la importancia de la inclusión de la discapacidad física en la universidad, específicamente en los procesos de pastoral al interior de estos centros educativos, apostando por una pastoral cada vez más inclusiva, abierta y comprometida con su misión de acogida y anuncio, cuyo sujeto es el joven que requiere un trabajo más sistemático desde una metodología inclusiva dentro de la vida universitaria. Para alcanzar dicho objetivo, se trabajó sobre la base de un análisis de la revisión de bibliografía, la legislación y de la documentación eclesial pertinente.

El texto se ordena en tres partes. La primera dará cuenta de las políticas educativas y marcos normativos en materia de inclusión de personas con discapacidad física y el trabajo pastoral. El segundo acápite analizará los antecedentes de la investigación en materia de discapacidad física y su abordaje en el contexto universitario. La tercera parte tratará los antecedentes conceptuales asociados a la discapacidad física y el trabajo pastoral. Por último, se hará una reflexión final.

1. Política educativa y marcos normativos para el abordaje de la discapacidad física y el trabajo pastoral

El abordaje de la discapacidad física en el contexto universitario

La Constitución de la República de Chile (1980), como la Ley General de Educación n.° 20.370 (2009) y la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad n.° 20.422 (2010), son esenciales para poder centrar el tema de la inclusión de personas con discapacidad física en la universidad. Asimismo, es importante considerar algunos documentos magisteriales de la Iglesia Católica respecto de la inclusión, tomando como concepto iluminador la “solidaridad” desde la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), para comprender realmente si la pastoral universitaria actualmente se encuentra preparada para enfrentar el desafío de la inclusión de personas con discapacidad física en su proceso evangelizador.

Siguiendo en esta misma línea, la ley n.° 18.826 (1982) señala el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, indicando que aquellas con discapacidad física son titulares de estos mismos derechos que el resto de los ciudadanos; así también lo señala la ley n.° 20.845 (2015), estableciendo que la sociedad debe eliminar cualquier barrera que pueda obstaculizar el acceso a los recursos y servicios educativos, sociales, culturales, sanitarios y laborales, así como también a los espacios de participación social, política y cultural. Esta ley, además, precisa que toda persona con discapacidad física en el ámbito educativo universitario ha de tener las mismas condiciones para desarrollarse tanto profesionalmente como humanamente, teniendo siempre presente la espiritualidad de cada persona al interior de la institución.

El desarrollo de la persona en los contextos educacionales se entiende como un derecho constitucional garantizado a través de la ley n.° 20.370 (2009), que establece que no se puede ser excluyente de las personas con discapacidad física del sistema educativo; muy por el contrario, se debe buscar que todas puedan acceder a él, independiente de su condición social, potenciando y cultivando en ellas al máximo sus capacidades individuales, teniendo como fundamento el cumplimiento de los principios de la vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorial, participación y diálogo social (ley n.° 20.422, 2010).

Este mismo principio de accesibilidad universal que señala la ley n.° 20.422 (2010) tiene estrecha concordancia con lo que expresa la Ley General de Educación n.° 20.370 (2009) al establecer que: “Es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras”. Por tanto, es deber del Estado garantizar este derecho para todos sus ciudadanos, sin distinción acerca de su condición física, y de manera especial en los contextos educativos.

En este mismo sentido, las orientaciones emanadas desde los organismos internacionales como la OCDE (2019), respecto de velar por el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, van de la mano con lo que se ha venido trabajando desde años anteriores como el acceso universal a los beneficios de alimentación, auxilio escolar, financiamiento, accesibilidad, entre otros, que todo Estado debe proporcionar a los estudiantes, a través de la ley n.° 15.720 (1964). Estos lineamientos han tratado de acortar las brechas entre los segmentos sociales y aportar a la igualdad de oportunidades de todos aquellos jóvenes que ingresan en la educación pública y, en la actualidad, de los estudiantes que ingresan a la educación privada (ley n.° 15.720, 1964); esto se relaciona con el acceso y respeto de los derechos humanos y derechos del niño, como es señalado en la Constitución Política de Chile (1980), ley n.° 18.962 (1990) y ley n.° 19.284 (1994).

En este sentido, Chile ha demostrado, según el Servicio Nacional de la Discapacidad (2016), un promedio al alza en materia de inclusión en las universidades; aunque este estudio todavía muestra cifras aproximadas a las posibilidades de accesibilidad a titulación de personas con discapacidad física, aún sigue siendo un sueño no cumplido. Un ejemplo de esta baja comprensión de la realidad es la revisión que se puede hacer de los procesos de selección universitaria (DEMRE, 2017), sistema que no se rige por un proceso estándar respecto de aquellos estudiantes que postulan a él, ni siquiera en aquellas instituciones adscritas a los procesos regulares de admisión. Esto afecta gravemente a los organismos fiscalizadores para visualizar las necesidades de las personas con discapacidad física en el camino para la obtención de algún título de mando superior en las casas de estudio (SENADIS, 2016).

Según Valenzuela-Zambrano et al. (2017), debido a esta condición de acceso y permanencia de las personas con discapacidad física, las universidades chilenas experimentan en la actualidad grandes dificultades para poder asumir estos compromisos, fundamentalmente a consecuencia de la escasa visualización de la importancia del valor de la inclusión, que va más allá de acondicionar infraestructuras.

A este respecto, Vásquez y Alarcón (2016) afirman que, en la educación superior chilena, si bien ha mostrado grandes avances durante estos últimos años respecto de la educación inclusiva, siendo coherente con las políticas públicas, aún existen grandes vacíos y contradicciones entre las mismas instituciones acerca de cómo abordar el tema, existiendo políticas privadas que son parte de sus reglamentos internos, pero que no muestran un trabajo integrado con otras instituciones. Lo anterior es reflejado en un informe emanado desde el Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA (2019), y el Grupo Operativo de las Universidades Chilenas en el que se señala que se han evidenciado buenas prácticas en algunas de las instituciones de educación superior, pese a lo cual estas aún se encuentran en un fase inicial operacional; de ahí que la accesibilidad de las personas con discapacidad física dentro de las instituciones debe ser garantizada en todo momento, evitando toda barrera de discriminación.

En este mismo sentido, CINDA (2019) plantea que las políticas impulsadas por el Estado chileno en materia de inclusión dejan aún de ser reales oportunidades para las personas con discapacidad física, pues dependen de la interpretación que cada institución de educación superior le da a este concepto en la actualidad. Asimismo, indican que la inclusión de personas con discapacidad física atañe no solo al ámbito educativo, sino que también a la sociedad civil.

El abordaje de la discapacidad desde el trabajo pastoral

En la actualidad, la pastoral aún se encuentra en un proceso de asimilación de la inclusión de personas con discapacidad física y otros tipos de discapacidades, como lo evidencian los Criterios pastorales para la catequesis con personas con discapacidad (CECh, 2017b) , que se basan en recomendaciones y criterios de cómo acoger e incluir a las diferentes personas con discapacidad en los procesos catequísticos. El abordaje de la inclusión de personas con discapacidad física al interior de la pastoral universitaria se asume como un principio basado en la dignidad de la persona y desde la solidaridad, como aspecto constitutivo del hombre, donde “Dios coloca la criatura humana en el centro y en la cumbre de la creación: al hombre (en hebreo adam), plasmado con la tierra (adamah), Dios insufla en las narices el aliento de la vida (Gn 2:7)” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, #108). En pocas palabras, la Iglesia como madre y maestra debe ser lugar de inclusión y solidaridad entre sus miembros.

El mismo Compendio de la DSI señala que la dignidad de la persona es lo que la Iglesia desde sus orígenes ha señalado como parte constitutiva de esta, pues el hombre y la mujer tienen la misma dignidad y son de igual valor: “Dios no hace acepción de personas” (Compendio, #144). Este es el valor por excelencia, pues a partir de este se ordenan todos los demás valores. En relación con la dignidad, el Compendio (#145) enseña que es un principio esencial del ser humano, pues solo a través de él es posible el crecimiento personal y común de todos. Por otra parte, este crecimiento común se inserta en la sociedad por medio de la Doctrina Social de la Iglesia, a través de la promoción de la dignidad humana en plenitud.

Por consiguiente, el principio de dignidad de la persona no es algo que dependa de la sociedad: “el respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura” (Compendio, #1930), pues es algo que viene en el ser humano; cada sujeto en sí detenta la dignidad de persona como tal, “pues es alguien, no algo”, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios (Gn 1:26-27), redimidos por Cristo (1 Pedro 1:18-19), hijos de un mismo Padre (Gn 42:11) y herederos de la vida eterna (Rm 8:17).

Desde una perspectiva general, la pastoral ha de tener siempre presente el principio de la dignidad ante la inclusión de todos en sus procesos pastorales, pues no hay discapacidad que desdiga esta verdad primordial. Así lo señala el Papa Juan Pablo II: “la persona discapacitada, incluso cuando está herida en la mente o en sus capacidades sensoriales e intelectivas, es un sujeto plenamente humano con los derechos sagrados e inalienables propios de toda criatura” (Juan Pablo II, 2004, #5).

En esta misma línea, en los Criterios pastorales para la catequesis con personas con discapacidad (CECh, 2017b) se cuestiona: “¿Cómo relacionarnos con estos hermanos y hermanas? ¿Cómo llamarlos? Más al fondo, está la pregunta: ¿Cómo se sentirán? Estas son preguntas importantes al momento de pensar en los procesos pastorales con personas con discapacidad”. Se constata que en la mayoría de los fieles cristianos y en los propios agentes de pastoral existen en ocasiones dificultades y complicaciones respecto de la manera de relacionarse con la situación de estas personas.

Asimismo, el Papa Benedicto XVI enseña que “hay una lógica moral que ilumina la existencia humana que hace posible el diálogo entre los hombres y entre los pueblos” (Benedicto XVI, 2007, #11). En este sentido, la inclusión de personas con discapacidad forma parte de este diálogo que realza su dignidad, pues “Dios no hace acepción de personas” (Hch 10:34; cf. Rm 2:11; Ga 2:6; Ef 6:9), porque todos los hombres tienen la misma dignidad de criaturas a su imagen y semejanza. La Encarnación del Hijo de Dios manifiesta la igualdad de todas las personas en cuanto a dignidad: “Ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Ga 3:28, citado en Compendio, #144). Esto nos hace ser hijos de un mismo Padre, que nos entrega la capacidad de gozar del mismo estatus ante él como “hijos por adopción” (Ef 1:5).

Gracias a este principio de la dignidad de todos los hijos e hijas de Dios, que nace desde la misma doctrina de la Iglesia, se puede conseguir el bien común: “El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad: ninguno está exento de colaborar, según las propias capacidades, en su consecución y desarrollo” (Compendio, #167); por tanto, es deber de la pastoral velar por todos sus hijos.

2. Antecedentes de investigaciones en el ámbito de la discapacidad física y su abordaje en el contexto universitario

Para complementar la comprensión de este fenómeno, en este apartado se expondrán algunos resultados de investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con la inclusión de las personas con discapacidad física en los sistemas universitarios.

El primer Estudio Nacional de la Discapacidad (2015) en relación con el área de educación y discapacidad, señala que en Chile un 9,2% de las personas con discapacidad se encuentra estudiando (198.282 personas), a diferencia del 69,5% de la población total del país que estudia actualmente. Es decir, una de cada dos personas con discapacidad ha completado solo la educación básica; una de cada ocho ha cursado educación media completa; y solo una de cada veinte personas con discapacidad ha logrado acceder a la educación superior. En este último nivel educativo, el estudio arrojó que es la discapacidad psíquica la que tiene un mayor porcentaje de personas que han accedido a la educación superior (16,6%); luego vienen la discapacidad visual (7%), la discapacidad física (6,9 %), la discapacidad visceral (6,8%), la discapacidad auditiva (6,3%), la discapacidad intelectual (3,3%) y la discapacidad múltiple (2,9%) (ENDISC, 2015). Considérese que se trata de una investigación realizada hace más de cinco años.

La educación de las personas con discapacidad física ha experimentado importantes cambios en los últimos treinta años. El movimiento hacia la integración, iniciado en los países más desarrollados en los años 70 del siglo pasado, llevó a que cada vez más niños y niñas con discapacidad física fueran educados en escuelas regulares (Instituto Internacional de Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, 2005). En este marco, en Chile se ha estado viviendo un proceso similar en las últimas dos décadas y se han desarrollado políticas específicas orientadas en la inclusión de personas con discapacidad física, aunque aún queda mucho camino por recorrer para asegurar que los alumnos con discapacidad física puedan recibir una educación de calidad y en condiciones de equidad, como mecanismos específicos para el ingreso de estudiantes con discapacidad física en las universidades chilenas (IESALC, 2005).

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2016) plantea que la situación de Chile respecto de la inclusión de personas en el sistema educativo supone un gran reto en la actualidad, dado el alto nivel de segregación que se da entre estudiantes y establecimientos, lo que ha dado paso a bajos niveles de resultados educativos y alto grado de desigualdad entre los distintos sectores sociales. Por otra parte, señala que las políticas actuales sobre el sistema educativo chileno se encuentran bajo la lógica de un modelo educativo conducido por el mercado, la masificación, la especialización y sobre todo la segregación entre estudiantes, según sus capacidades.

En relación con ejemplos de política universitaria en materia de inclusión se puede destacar el de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Milla, 2019), que durante los últimos años ha desarrollado, entre otros, algunos programas de inclusión de personas con discapacidad física; es así como nació la Dirección General Estudiantil-Salud (DGE-Salud), que inició un proceso de caracterización y detección de necesidades, el cual permitió diseñar un programa orientado a articular diversas áreas y niveles en los que era necesario intervenir para favorecer la participación de los estudiantes con discapacidad física en las actividades universitarias (DGE-Salud, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2005).

En un estudio de Valenzuela-Zambrano et al. (2017), los autores indican que en el caso de los organismos internacionales, especialmente latinoamericanos, las iniciativas para poder superar la brecha del acceso de las personas con discapacidad física a los planteles de educación superior no han sido fáciles, pues la concientización de la discapacidad física aún sigue siendo poco relevante por parte de la comunidad en general, y en el caso de las universidades chilenas aún queda mucho trabajo por hacer.

La Organización de las Naciones Unidas (2017) promociona lineamientos internacionales frente al tema de la inclusión de personas con discapacidad física al interior de instituciones de la educación superior, a través de normativas y políticas entre países, que en muchos casos se están cumpliendo. Por otra parte, señala que estos lineamientos son el resultado de los convenios que los mismos países han firmado en relación con los Derechos de las Personas con Discapacidad en múltiples convenciones sobre inclusión de personas con discapacidad física en la educación. En este mismo sentido, se señala que los valores que se promueven en materia de inclusión física se basan en el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho, teniendo siempre presente los tres principios que han sustentado el enfoque de la educación de toda persona: a) acceso a una educación obligatoria y gratuita; b) derecho a una educación de calidad; c) igualdad, inclusión y no discriminación (ONU, 2017).

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (2011), en su Informe Mundial sobre la Discapacidad, propone medidas en materia de inclusión de personas con discapacidad física para todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de crear entornos favorables que promuevan la rehabilitación y los servicios de apoyo a este grupo de la sociedad.

Según Zuzulich et al. (2014), la integración de personas con discapacidad en la educación superior propicia la inclusión educativa y social; de ahí que sea necesario que el Estado garantice las políticas de prevención de las discapacidades, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurando la equiparación de oportunidades para las personas en esta situación. En esta perspectiva, Moreno (2010), refiriéndose a las normativas que deben regir la inclusión de personas con discapacidad al interior de los sistemas educativos y sociales, señala que deben ser miradas con un enfoque sistémico de la sociedad y el sistema educativo en general, y ofrece dieciocho conceptos nucleares que fundamentan la política en discapacidad física, organizados en tres categorías mayores reconocidas como principios constitucionales, éticos y administrativos.

Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los estados deben establecer normas en materia de educación para velar por que las personas con discapacidad física puedan disfrutar de una educación disponible, accesible, aceptable y adaptable en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos (2009).

En este orden de ideas, Lissi y colaboradores (2009) reconocen que en los últimos veinte años se ha producido en Chile un aumento de estudiantes universitarios con discapacidad física. Los avances en esta materia se dan a partir de la promulgación de la ley n.° 20.422 (2010) sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad física, alcanzando a un 67% de inclusión en aulas según el estudio. El contar con una política a nivel nacional hace una diferencia importante en la asignación de recursos y en la orientación de las acciones que las instituciones deben desarrollar. Estos mismos autores sugieren que para avanzar en la inclusión y en la equidad las universidades deben tener políticas, estrategias, procesos y programas que puedan materializar dichas metas.

Por su parte, Victoriano (2017) señala que las personas con discapacidad en la educación superior chilena se encuentran con barreras de inclusión, aludiendo a la comunidad educativa en general, pero muy especialmente a aquellos que tienen mayor contacto con la enseñanza en las aulas y áreas formativas en la educación superior, que son los docentes, en su falta de conocimiento y herramientas de cómo hacer frente a este trabajo al interior de las universidades. En este marco, Rojas (2010), en el ámbito de una pastoral inclusiva, señala que una verdadera integración no debe considerar a la persona con discapacidad como alguien especial a quien haya que estar cuidando continuamente; es necesario un trato fresco, espontáneo, integrador y común.

Para concluir, es de relevancia que la inclusión de personas con discapacidad física en los procesos pastorales como el universitario cuente con equipos calificados en el ámbito de la discapacidad física, como lo son el ambiente social, cultural educativo, familiar, entre otros, con el fin de que todos los estudiantes compartan experiencias que fomenten un trabajo colaborativo como un proceso de integración.

3. Antecedentes conceptuales asociados al abordaje de la discapacidad física y el trabajo pastoral universitario

Es importante definir algunos conceptos centrales, que aportarán una base de conocimiento para poder delimitar qué es lo que se entenderá por inclusión de personas con discapacidad física desde el ámbito pastoral.

Juventudes en el contexto pastoral universitario

El primer concepto para tener en cuenta es el de jóvenes, elaborado a partir del entorno social y cultural en que se desenvuelven, que les confiere las propiedades y herramientas particulares para desarrollarse en la sociedad. Por tanto, las cosas en los jóvenes no vienen dadas, sino que se construyen socialmente a partir de la contienda que les hace ser responsables de sí y pertenecer a un espacio específico (Lozano, 2003).

Los jóvenes, según Sandoval (2007), en general tienen similitudes, pero muestran marcadas diferencias por el lugar geográfico donde se sitúen, la época histórica en que vivan, la pertenencia a un determinado sector social, las características de la cultura imperante, entre otros factores; lo mismo ocurre con las personas con discapacidad física en la pastoral, cuya adaptación y desarrollo dependen del contexto psicosociológico que caracteriza su entorno.

De manera complementaria, Weiss (2012) señala que los jóvenes, en su condición de miembros de la sociedad, son parte de la transmisión cultural intergeneracional; por tanto, no basta con comprenderlos en una sola dimensión, pues se encuentran inmersos en una variedad de microsistemas que los hacen tener características comunes, pero a la vez diversas, concibiéndose la juventud tanto como sujetos de modernización como de actores sociales marginales y peligrosos.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Chile (2017a), en su documento de trabajo titulado Nosotros, los jóvenes, muestra que los jóvenes están alejados de algunas situaciones de la vida social, como es la participación tradicional en instancias colectivas e instituciones; más bien, por sus características, tienden a ser altamente sensibles a la experiencia de la desconfianza, lo cual hace aún más difícil su participación en los procesos pastorales más tradicionales al interior de la Iglesia. Asimismo, la CECh (2019) señala que la catequesis y la pastoral inclusiva han sido un desafío para la Iglesia chilena; así lo refrenda el documento y es también un signo de los tiempos hoy, ya que invita a romper algunas estructuras y dinámicas para invitar a la Iglesia a caminar y a reconocer en cada persona el rostro de Cristo. Pero a su vez enfatiza la necesidad de una formación por parte de los agentes pastorales respecto de las personas en situación de discapacidad.

En este marco, el Arzobispado de Santiago (2018), en su documento titulado Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional señala que los jóvenes enfrentan dificultades hoy en día en materia de inclusión: son poco escuchados por la sociedad y viven experiencias de esta etapa de la vida que generan muchas veces desconfianza hacia ellos y de su aporte a las problemáticas del contexto social. En este sentido, los jóvenes piden muchas veces a la Iglesia, en el contexto pastoral, que sea más inclusiva e integradora, para que abra mayores espacios de participación en este ámbito. El documento final de la reunión presinodal señala que los jóvenes expresan el deseo de ver una Iglesia que sea testimonio viviendo lo que enseña, que sea inclusiva, abierta y testigo auténtico en su camino a la santidad.

Para concluir, el Papa Francisco (2020) señala que la inclusión de personas con discapacidad debería ser la roca sobre la que las instituciones civiles construyan programas e iniciativas, con el fin de que nadie pueda quedarse fuera de la sociedad. Para superar este desafío, el Papa, más adelante, expresa que en materia de inclusión de personas con discapacidad es importante que se deje de hablar de “ellos” y se llegue a un “nosotros”. Es el mismo Dios el que busca ser siempre incluido en la convivencia humana, precisamente para enseñarnos la pedagogía del amor.

La pastoral juvenil

Un segundo concepto que es importante tener en cuenta es el de pastoral juvenil, porque es en ella donde radica el futuro, pero principalmente el presente, de la Iglesia. Germán Villarroel (2018) indica que hoy en día la pastoral juvenil debe ser incluida por la comunidad, pues una comunidad que es abierta siempre entra en diálogo no solo con las personas que la componen, sino también con quienes buscan ser parte de ella; allí radica la verdadera inclusión de las personas. El autor recuerda que en todo grupo de jóvenes se ha de reconocer el actuar del Espíritu Santo que hace sonar la voz de Dios.

La pastoral juvenil, según González, Núñez y Basualto (2019), se debe ver desde dos aristas; la primera, referida al concepto mismo de juventud y, por otra parte, la consideración de lo que la misma Iglesia puede entregar a los jóvenes. Estas dos dimensiones, según los autores, son complejas de analizar, por su dinamismo y transformación, y la mayoría de las veces resultan casi imposibles de abarcar.

Al respecto, el Papa Francisco (2018), en el Sínodo de los Obispos, frente al tema de la pastoral juvenil ha recalcado que una verdadera propuesta pastoral debe considerar a todos los jóvenes, además de estar siempre abierta a las múltiples realidades que se presentan en este mundo juvenil, no teniendo miedo a innovar y, por sobre todo, a cimentarse en una comunidad eclesial que da testimonio de Cristo en la sociedad.

Brito y Basualto (2018) señalan que los jóvenes son motivo de estudios muchas veces al interior de la vida de la Iglesia, entendiendo la pastoral juvenil como una tarea que, más que desarrollarse en el ámbito de una “solidaridad emotiva y romántica”, debe fundamentar la acción solidaria en el bautismo, porque “la praxis social responsable no es un sobreañadido a la fe, sino que es parte fundamental de su vivencia” (p. 5).

En relación con la inclusión de personas con discapacidad física en la pastoral juvenil, el Papa Francisco (2019), en su exhortación apostólica Christus vivit, entrega algunas luces de cómo se debe comprender en este tiempo, aludiendo al protagonismo de los jóvenes, su servicio, misión, acogida y el encuentro con Jesucristo.

Para concluir, el mismo Papa Francisco (2018) invita a romper la “cultura del descarte” con la cultura de la inclusión de, en este caso, las personas con discapacidad física, apelando a la dignidad que poseen todos los seres humanos. Una cultura de la inclusión, señala el Santo Padre, es una “roca” de la participación en el plano eclesial, pues las personas tanto en el ámbito civil como en el eclesial necesitan convertirse en sujetos activos.

La discapacidad física

Un tercer concepto de análisis es el de la discapacidad física, esencial para comprender los procesos pastorales al interior de la universidad y sus relaciones con la inclusión. Respecto de la discapacidad física, el Papa Francisco (2020) señala que “todos somos diferentes” y que “no hay uno que sea igual que otro”. Respondiendo a la pregunta que le formuló una de las participantes en el congreso para personas con discapacidad, el Papa indicó que las diferencias nos dan miedo porque “ir al encuentro de una persona que tiene una diferencia grave es un desafío”; finalizó esta intervención expresando que “yo tengo una cosa, y tú otra, y así hacemos algo grande”. El Pontífice aseguró que un mundo donde todos fueran iguales, “sería un mundo aburrido”, reconociendo que hay diferencias que son dolorosas pero que estas ayudan, desafían y por sobre todo enriquecen, y de las que no hay que “tener miedo”, muy por el contrario, se deben poner en común.

Por su parte, la OMS (2001) define la discapacidad como las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación. Son problemas que afectan a la estructura o función corporal, que dificultan el poder realizar o participar en situaciones vitales de la vida diaria y que requieren del apoyo de la sociedad en su conjunto.

Para concluir, Barton (2008) señala que el modelo social actual se reduce a impedimentos concretos de las personas con discapacidad física, instrumentalizándoseles constantemente. Es esta misma filosofía la que hace a la sociedad limitada en el conocimiento y la apertura a la discapacidad física.

Reflexiones finales

En el escenario social actual, una pastoral de educación superior inclusiva de jóvenes con discapacidad física se hace esencial para construir una comunidad educativa integrada, ya que promueve el diálogo, la valoración del otro en su diversidad de carismas, en la acogida, en la comprensión y participación del entorno que le toca vivir.

Asumiendo este desafío, la inclusión de jóvenes en la pastoral es esencial, pues ellos no solo aportan a la comunidad a través de su testimonio de fe y vida sencilla, sino que relevan al mismo tiempo a Dios, por medio de sus propias limitaciones. Según Juan Pablo II (1987), los hombres y mujeres sin una fe explícita experimentan mayores obstáculos en su vida al no contar con convicciones y actitudes profundas. En este sentido, la inclusión desde la pastoral se cimienta en una auténtica solidaridad en su mejor versión. Asumiendo esta tarea de una pastoral cada vez más inclusiva de jóvenes, Juan Pablo II (2000) señala que una pastoral universitaria está llamada a concretizar la misión de la Iglesia en la institución educativa, haciendo que su actividad y estructura sean más profundas. Por tanto, la acogida y amor incondicional por los jóvenes que componen esta comunidad es un vivo testimonio del amor de Dios.

En este sentido, la inclusión de personas con discapacidad física al interior de las universidades chilenas ha mostrado avances tanto en materia de personas que ingresan a ellas, como en la generación de protocolos internos; avance que se constata en el estudio del SENADIS (2015) en materia de ingresos de personas con discapacidad al sistema educativo en los últimos años. De igual forma, según lo analizado, aparentemente estos avances se encuentran desarticulados respecto de una comprensión profunda de la discapacidad física y de sus formas de incorporarla más plenamente aún en el sistema educativo.

En otro orden de ideas, los jóvenes se entienden como agentes de cambio tanto en la sociedad como dentro de los contextos educativos, pues se los concibe como el futuro que hay que escuchar y atender desde una mirada acogedora y abierta a nuevos desafíos. Por consiguiente, es deber de los adultos acompañar sus procesos, sus metas y proyectos, con el fin de que las puedan lograr a corto, mediano y largo plazo (Weiss, 2012).

Para concluir, en esta investigación se ha querido resaltar dos necesidades que a juicio del autor son fundamentales al momento de hablar de inclusión de personas con discapacidad física en el contexto universitario y pastoral. La primera refiere a la urgencia de contar con protocolos actualizados y construidos en conjunto con todas las organizaciones involucradas con el trabajo de los estudiantes al interior de las casas de estudio, donde el área pastoral es vital como instancia de integración. La segunda necesidad se relaciona con la formación y concientización de la comunidad educativa pastoral sobre la inclusión de las personas con discapacidad física en las diferentes actividades que se llevan a cabo en el contexto universitario.